La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la Unión Temporal Centros Poblados, para dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos del país.

Lea también: Distrito le apostará a guías bilingües en el Malecón del Río

"Las propiedades afectadas, que superan en valor los 65.900 millones de pesos, están representadas en predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios que pertenecerían a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares", informó la Fiscalía. 

Según la Fiscalía, estos bienes, ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas descubiertas en el proceso de contratación y del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados.

Nuestras noticias en tu mano: Únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado de todo lo que sucede.

Las medidas, según la Fiscalía,  "son de carácter exclusivamente jurídico y buscan proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos en la ejecución del proyecto, que tenía como objetivo instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país".

La investigación, según el ente acusador, evidenció que fueron combinados bienes lícitos con recursos de origen ilícito, así como el uso de las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados como instrumento para la comisión de las irregularidades.

Cabe recordar que actualmente Emilio Tapia le fue concedido el beneficio de libertar condicional. Por esta razón, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) ordenó la compulsa de copias contra la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, por concederla. 

La Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho dominio sobre 23 bienes, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato entre MinTIC y la Unión Temporal 'Centros Poblados' para llevar internet a…

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 22, 2025